La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos llama a autoridades municipales, estatales y federales a garantizar el derecho a la libre expresión, la libre reunión y la protesta pacífica durante jornadas del 8M
En el marco de las próximas movilizaciones con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México hace un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para que garanticen plenamente el ejercicio de los derechos a la libre expresión, la libre reunión y la protesta pacífica de todas las mujeres que participarán en estas jornadas.
Las movilizaciones y protestas feministas son una expresión legítima y necesaria de participación social, a través de la cual mujeres y colectivas han logrado visibilizar violencias históricamente normalizadas, exigir justicia para las víctimas y empujar transformaciones legales, institucionales y culturales. Reconocer su importancia implica validar el derecho a la protesta y asumir que, sin la fuerza organizada de las mujeres en las calles, muchas de las conquistas en materia de derechos, igualdad y vida libre de violencias no habrían sido posibles.
Estos derechos se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1º, 6º y 9º, así como por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los mismos.
La Red Nacional de Defensoras subraya que las autoridades están obligadas a garantizar la seguridad, integridad y protección de las mujeres manifestantes, y que su actuación debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
Asimismo, se recuerda que las autoridades no pueden:
- Realizar detenciones arbitrarias sin fundamento legal.
- Hacer uso excesivo o indebido de la fuerza pública.
- Agredir física, psicológica o sexualmente a las manifestantes.
- Intimidar, amenazar o criminalizar la protesta social.
- Implementar medidas destinadas a inhibir la manifestación pacífica.
Cualquier violación a los derechos humanos cometida por personas servidoras públicas constituye una falta grave que puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Garantizar el derecho a la protesta no solo protege a las mujeres que se manifiestan, sino que fortalece el Estado de derecho y contribuye a la construcción de una sociedad más justa, democrática y respetuosa de la dignidad humana.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México confía en que las autoridades actuarán con responsabilidad institucional, perspectiva de género y pleno apego al marco legal vigente, priorizando en todo momento la protección de las personas.
Fotografía: https://pixabay.com/
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